El Pleno del Congreso de los Diputados dio salida ayer a toda una serie de textos legales de calado, entre ellos dos de las reformas más sonadas del Ministerio de Justicia, las últimas que quedaban por aprobar.

Misión cumplida. El Ministerio de Justicia ha logrado sacar adelante en el trámite parlamentario todas las reformas que se había propuesto. Las últimas se aprobaron definitivamente ayer en un Pleno del Congreso que dio luz verde a toda una batería de reformas de diferentes ministerios.

El ministro de Justicia defendió en la Cámara Baja los dos proyectos que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno para la agilización de la justicia penal y el otro para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entre sus medidas estrella incluye el ambicioso objetivo de lograr acabar con el papel en la Justicia a partir del 1 de enero de 2016.

Enjuiciamiento Criminal
Entre las cuestiones más polémicas de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) está la de limitar a los jueces los plazos de instrucción, con un periodo ordinario de seis meses en causas sencillas y de 18 en las complejas, y con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.

En la tramitación parlamentaria se aprobó que la Fiscalía ya no será la única parte que podrá solicitar prórrogas a estos plazos, y el Congreso introdujo la obligación de proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, una medida que, tras recibir fuertes críticas, fue matizada en su paso por el Senado.

Además, el texto sustituye el término de imputado por investigado, en una primera fase, y encausado si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación. La reforma aporta también importantes novedades en las medidas de investigación tecnológica, adaptándose a las nuevas realidades de la era digital.

Durante el debate en el Congreso, la oposición criticó la “falta de coraje” por no incluir en la reforma de la LECrim la atribución definitiva de la instrucción a los fiscales, una medida que sí contemplaba el texto del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, pero que Catalá decidió dejar al margen ante la premura del fin de legislatura.

En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el texto exige que tanto los profesionales como los órganos judiciales estén obligados a emplear los medios electrónicos en la presentación de escritos y documentos, y se introducen cambios en los procesos monitorios y en la regulación del juicio verbal.

Entra en vigor la Ley del Poder Judicial
Ayer entró en vigor otro de los grandes proyectos de la legislatura: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto tiene como objetivo agilizar la Justicia, mejorar el reparto de la carga de trabajo entre juzgados y permitir una mayor especialización de jueces y magistrados, tal y como ha defendido el ministro Rafael Catalá.

La reforma tiene efectos inmediatos para cuestiones como el cambio de nombre de los secretarios judiciales, que a partir de ahora pasan a llamarse letrados de la Administración de Justicia, e incluye otras medidas, como la que elimina la responsabilidad directa de jueces y magistrados, que se asimilará a la del resto de empleados públicos.

Se introduce, además, un importante cambio en el recurso de casación, eliminando el umbral mínimo de 600.000 euros que la ley establecía para poder recurrir ante el Tribunal Supremo en la jurisdicción contencioso-administrativa, y se sustituye por el concepto de interés casacional.

Reformas aprobadas en el Congreso de los Diputados
En la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se ha introducido una novedad relevante para los abogados: sus herederos podrán reclamar los honorarios no satisfechos después de su fallecimiento.
La reforma de la LEC pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales, con el objetivo de ‘papel cero’ en los juzgados.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE, impone a los jueces plazos para instruir y sustituye el término judicial ‘imputado’ por ‘investigado’ o ‘encausado’.
El nuevo proceso penal trata de evitar, además, las macrocausas con la regla de conexidad, que favorece la división en distintas piezas, y así reducir los tiempos de instrucción.
Se crea, además, una segunda instancia penal que permitirá a los tribunales superiores de Justicia revisar sentencias dictadas por las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional contará con una sala de apelación que se ocupará de las dictadas por este tribunal.
Otras modificaciones afectan a los atestados sin autor conocido, que ya no generarán la apertura de diligencias judiciales, y a la ampliación del decomiso.
Hay novedades también en cuanto a la incomunicación de los detenidos, medida que los jueces deberán justificar en un auto, y contempla que estos arrestados incomunicados se someterán a dos revisiones médicas cada 24 horas.
En la investigación tecnológica, se introduce la figura del agente encubierto en Internet, que podrá emplear identidad falsa. Se amplía la interceptación de comunicaciones que afectará ahora a Whatsapp, SMS y escuchas ambientales.
Otra reforma aprobada ayer en el Congreso fue la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, que pasa ahora al Senado.
Por su parte, el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público recibió el espaldarazo necesario para su aprobación definitiva.
Recibieron luz verde también el proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar y la reforma de la Ley de la Carrera Militar.

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